05/03/2021 0 Comment CAEB Comunicacion
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CAEB tilda de “efectista” y “engañoso” el anuncio del Govern de expropiar 56 viviendas porque “no cubre la necesidad de 15.000 viviendas en Balears”

“La política de vivienda del Govern va a tener el efecto contrario del que todos deseamos porque limita aún más la nueva oferta de vivienda y, sobre todo, de viviendas asequibles que son reclamadas por miles de familias en Balears”

“Es evidente que la iniciativa pública no alcanza para cubrir los miles de viviendas a precio asequible que demanda la sociedad, es necesaria una colaboración público-privada que hoy no existe”

Palma, 5 de marzo de 2021.- La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha lamentado que “las políticas que está arbitrando el Govern son totalmente insuficientes para resolver el grave problema de vivienda que padecen de forma cada día más acuciante la inmensa mayoría de los ciudadanos de Balears, condenados a no poder acceder a viviendas a precios asequibles ni a la cantidad de VPO que demandan las personas con menos recursos así como los jóvenes que quieren emanciparse”.

Planas ha calificado como “efectista”, “engañoso”, “presuntuoso”, “totalmente desconectado de la realidad” y “objetivamente incapaz de ofrecer siquiera una mínima solución al verdadero problema de vivienda que sufre Balears” el anuncio del nuevo conseller de Vivienda, Josep Marí, sobre la expropiación forzosa de 56 viviendas para destinar a alquiler social, “dando apariencia de dar por hecho algo que, en realidad, solo se trata del inicio de lo que sin duda será un largo proceso administrativo y tardará tiempo en hacerse realidad”.

La presidenta de CAEB ha criticado que esta medida, así como la iniciativa pública de ampliación del parque de viviendas de protección oficial (VPO) por parte del Govern “no alcanza ni de lejos a cubrir las actuales necesidades que superan las 15.000 viviendas, siendo esta una cifra que sigue aumentando año tras año”. Planas ha defendido que “sin el sector privado, el sector público no puede resolver el verdadero problema de falta de vivienda y, desde CAEB, lamentamos que todas las actuaciones del Govern lo único que están consiguiendo es anular a la iniciativa privada”.

 

Eduardo López: “La expropiación es nuevo golpe del Govern contra la iniciativa privada”

En términos similares se ha expresado Eduardo López, vicepresidente de CAEB en representación de toda la cadena de valor que aglutina en sus diversas facetas el conjunto del sector de la construcción en Balears, al señalar que “estamos otra vez ante un nuevo golpe del Govern en su encono por impedir la creación de vivienda asequible, tal como reclama la sociedad balear, sobre todo los miles de familias que conforman las clases medias y medias bajas en nuestra comunidad”.

López ha considerado que “la política de vivienda del Govern va a tener el efecto contrario del que todos deseamos porque, ante la amenaza de ser expropiados forzosamente, los promotores no querrán invertir en sus proyectos si no tienen vendidas las viviendas de antemano, lo que limitará aún más la nueva oferta de vivienda y, sobre todo, el mercado de la vivienda asequible”.

Eduardo López señala además que “es absurdo que el Govern pretenda expropiar por la fuerza las ‘viviendas nuevas’ que edifique un promotor, al que si no las ha vendido le considera también como ‘gran tenedor’, para devolvérselas siete años después como ‘viviendas de segunda mano’, obligándole por esta causa a afrontar de forma exclusiva el pago de impuestos como el IVA, inherente a la vivienda nueva pero no a la de segunda mano”.

 

Óscar Carreras: “El mayor problema es que queda fulminada la garantía hipotecaria”

Compartiendo el punto de vista de Carmen Planas y de Eduardo López, Óscar Carreras, presidente de la Comisión de Construcción de CAEB, que representa a más de 15 organizaciones empresariales cuya actividad está directamente relacionada con el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria que da trabajo a más de 75.000 familias en las islas, ha afirmado que “con su política de vivienda el Govern no sólo se está dando un tiro en el pie, sino también otro en el de todos los ciudadanos de Balears”.

Carreras confirma que “con esta política no van a dejarse de seguir construyendo viviendas que están solo al alcance de las familias con rentas más altas, pero sí se obstaculiza la construcción de viviendas asequibles para la gran mayoría de la población”.

Carreras señala que “es más que evidente que la iniciativa pública no alcanza para cubrir los miles de viviendas a precio asequible que demanda la sociedad. Por ello es del todo necesario trabajar juntos mediante una colaboración público-privada que inexcusablemente hoy no existe”.

“Las expropiaciones forzosas van a tener un efecto negativo ya que alejan a los inversores por la inseguridad jurídica que conllevan”, añade Carreras, para quien “el mayor problema es que con estas políticas queda fulminada la garantía hipotecaria, método por el cual si un promotor no puede hacer frente a la inversión realizada el banco o el fondo puede recuperar la financiación insatisfecha quedándose con la promoción. Si ahora el Govern le va a quitar las viviendas a los bancos o a los fondos nadie va a querer financiar los nuevos proyectos ante el temor a ser expropiados”.

 

Hans Lenz: “La intervención en el mercado inmobiliario tiene efectos desastrosos”

En la misma línea se expresa Hans Lenz, presidente de ABINI, la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, quien señala que “con estas medidas no se arregla un problema que ya es histórico”, señala. “Estamos hablando de 56 viviendas y un potencial total de 700 viviendas cuando el IBAVI, el Instituto Balear de la Vivienda que depende del propio Govern, tiene una lista de espera de más de 4.000 familias”, ha recordado.

Lenz destaca que “además, el efecto mediático que trasladamos como comunidad con estas noticias es desastroso y no hace sino ahuyentar a los inversores por la inseguridad jurídica que se está pregonando a los cuatro vientos”.

“Con el coste de 400 euros al mes y la cantidad de viviendas que el Govern se propone alcanzar hay muchas otras posibilidades para mejorar el mercado de la vivienda de forma más eficiente tal como se refleja en el ‘Libro Blanco del urbanismo y la construcción’ que CAEB presentó al Govern y al que apenas se ha hecho caso”, lamenta Lenz.

El presidente de ABINI advierte que “hay ejemplos constatables, como el de Berlín, que demuestran que la intervención en el mercado inmobiliario tiene efectos nefastos sobre todo por cuatro factores: la inversión se espanta, al estar los precios fijados no se invierte en los inmuebles, la oferta de alquiler se contrae y se traslada a la venta y los precios medios del alquiler suben”.

 

Antoni Gayà: “Para bajar el precio de las viviendas hay que reducir los costes”

Antoni Gayà, presidente de ABSI, la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios, señala que “hay que tener cuidado con las noticias que generamos porque el mercado inmobiliario es muy sensible y los efectos pueden ser desastrosos en el conjunto de la oferta”.

Gayà recuerda que “para que haya viviendas, aunque sean por iniciativa pública, tiene que haber promotores y ante la inseguridad jurídica que se manifiesta ningún promotor va a querer arriesgarse”.

“La expropiación es una medida muy arriesgada porque aumenta la desconfianza y porque repercutirá muy negativamente en la ansiada recuperación económica que necesitamos. Además, reducirá el interés inversor de capital extranjero, de gran importancia para una comunidad autónoma como la balear”, añade Gayà.

El presidente de ABSI sostiene que “el precio de una vivienda es la suma del valor del suelo, el coste de construcción y el pequeño margen para el promotor. El margen del promotor ya es muy pequeño por lo que si queremos abaratar la vivienda es necesario o bajar el precio del suelo o el de los costes de construcción y esto último solo se consigue aumentando las edificabilidades y las densidades para que los costes puedan dividirse entre un mayor número de viviendas”.

 

Pie de foto: La Comisión de Construcción de CAEB aglutina a más de 15 organizaciones empresariales cuya actividad está vinculada con el sector en Balears, que da trabajo a más de 75.000 familias en las islas. (Imagen de archivo).

15/05/2019 0 Comment CAEB Comunicacion
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El Sector de la Construcción se une y promueve un ‘Libro Blanco’ para consensuar el urbanismo del futuro para Balears

“Balears debe resolver el problema de la vivienda y las infraestructuras con responsabilidad y valentía porque nos acercamos a un conflicto social”

La propuesta parte del análisis riguroso y contempla soluciones bajo el prisma del Desarrollo Sostenible marcado por la ONU

Palma, 15 de mayo de 2019.- El vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Eduardo López, y el presidente de la Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de CAEB, Óscar Carreras, acompañados por los presidentes y representantes de las diferentes organizaciones empresariales de Balears que representan al Sector, han presentado la ‘Nueva propuesta para el desarrollo de una política integrada de urbanismo, vivienda e infraestructuras para Balears’.

El documento –accesible en http://www.libroblancoconstruccion.org– es fruto del consenso del Sector de la Construcción balear en su conjunto, representando a más de 16.500 empresas en Balears y a más del 10% de la fuerza laboral de las islas. El vicepresidente de CAEB ha destacado que “con este documento invitamos a los agentes sociales y a toda la sociedad balear a participar en el ‘Libro Blanco del Urbanismo y la Edificación en Balears’, que ha de servir de guía para definir los próximos 20 años de actuación pública y privada y resolver las necesidades de las islas y de su población en materia de vivienda, infraestructuras y urbanismo”.

El presidente de la Comisión de Construcción de CAEB ha destacado que “Balears debe resolver el problema de la vivienda y las infraestructuras con responsabilidad y valentía porque nos acercamos a un conflicto social”. Óscar Carreras ha explicado que “Balears se enfrenta ya a un escenario de enorme dificultad e importantes consecuencias sociales en el que el acceso a la vivienda para la población residente se hace cada día más complicado con unos precios inaccesibles, y al alza, tanto para la compra como para el alquiler. A la vez, las infraestructuras están desactualizadas y no dan abasto para el creciente número de residentes y visitantes”. “Mientras, las sucesivas administraciones han ido apostando por un enorme acúmulo legislativo, parches a corto plazo, que solo ha provocado una tremenda inseguridad jurídica y que prácticamente nada han aportado a la solución estructural de estos problemas”, ha añadido Carreras.

“Es preciso anteponer las nuevas necesidades de la población y un nuevo ecosistema de valores hacia entornos más limpios y descarbonizados”, ha señalado Carreras, que ha defendido que “esta propuesta parte desde el análisis riguroso y contempla soluciones bajo el prisma del Desarrollo Sostenible marcado por la ONU”. En concreto, hace alusión al objetivo 9, que persigue “construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” y, al objetivo 11, que busca “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

El texto presentado “surge de profesionales, empresarios del sector, miembros de asociaciones profesionales, técnicos, notarios, abogados, y en general, agentes activos de la sociedad con gran experiencia y muchas ganas de ayudar a mejorar nuestro entorno en el ámbito de la edificación y la vivienda, que iniciaron hace ya tiempo este trabajo, con el fin de poner a disposición de la sociedad su experiencia y conocimientos”, ha explicado Carreras.

En el acto de presentación han comparecido también los presidentes y representantes de las diferentes organizaciones empresariales de Balears que, integradas en CAEB, promueven el ‘Libro Blanco’ de la Construcción en Balears:

  • Asociación de Constructores de Balears.
  • Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears (PROINBA).
  • Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Balears (AFACO).
  • Federació Mallorquina de la Fusta i del Moble.
  • Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASINEM).
  • Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la Comunidad Autónoma de las Islas Balears (INFOCAL).
  • Asociación de Almacenistas de Materiales de Construcción de Balears.
  • Asociación de Suministradores de Agua de las Islas Balears (ASAIB).
  • Asociación de Fabricantes de Áridos de las Islas Balears (AFA BALEARS).
  • Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR).
  • Asociación Empresarial de Climatización, Frío Industrial y Calefacción de Menorca (ACLIFRICME).
  • Asociación de Industriales de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Balears (AITAME).
  • Asociación de Maestros Pintores de Balears (AMPB).
  • Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA).
  • Asociación Patronal de Yeseros Escayolistas de Balears (APYEB).
  • Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI).
  • Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Balears respalda asimismo el documento.

 

Causas y efectos

La situación que describe el texto presentado de forma consensuada por el Sector de la Construcción balear es la de un entorno legislativo de gran inseguridad jurídica, cambiante con cada nuevo gobierno o administración local, con una normativa urbanística obsoleta, en permanente revisión, y poco o nada adaptada a la realidad demográfica y social. Otra causa de la situación actual es la escasez, y alto precio, del suelo disponible, debidos a la insularidad y a la necesidad de conservación del territorio, y la cambiante y extremadamente compleja gestión del suelo por parte de la Administración. Balears sufre un continuo incremento de la población y para los siguientes 12 años se espera un incremento de 213.000 habitantes, mientras que, como efecto de la crisis inmobiliaria, arrastra en la actualidad un déficit acumulado de más de 16.000 viviendas.

Esta situación se produce a la par que se registra una disminución de las rentas disponibles, principalmente por parte de la clase media, ligada a una manifiesta ineficacia de los Planes de Vivienda Estatales y Autonómicos de VPO/HPP, lo que se sustancia en un mínimo parque de vivienda pública. Falla además la gestión por parte de la Administración de la vivienda social, donde un altísimo porcentaje de los inquilinos no paga los alquileres sociales e incluso algunas de las viviendas públicas están ocupadas ilegalmente.

El efecto de esta situación es que el acceso a la vivienda para la población residente se hace cada día más complicado, agravándose el problema con el paso del tiempo, y que el mercado de alquiler tampoco sirve para cubrir la demanda. A su vez, peligra la conservación del territorio y no debería usarse más suelo rústico para solucionar el problema de vivienda a precio asequible. Sin embargo, la realidad es que los precios y las condiciones se alejan de la capacidad de la población demandante con el agravante de que los últimos cambios legislativos no han ayudado a paliar esta situación. Por contra, la fiscalidad está obviado esta problemática social y las tasas e impuestos o permanecen como siempre o tienden a aumentar. El entorno financiero es muy duro para el promotor y convierte en extremadamente difícil el acceso a la vivienda al comprador final.

Pero el problema llega más allá. Las infraestructuras se están quedando obsoletas y la bajísima inversión en los últimos años hace peligrar el futuro estable de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la problemática del ciclo del agua -desaladoras, red de aguas, vertidos de fecales al mar- y las comunicaciones -carreteras colapsadas- han entrado en fase crítica.

Todo ello aporta inestabilidad a un sector que precisa mejorar la competitividad, el empleo y la profesionalidad. Un sector cuya aportación al PIB y al empleo es esencial para mantener el estado de bienestar en la comunidad.

 

Propuestas de acción

Para revertir esta situación el documento lanza una serie de propuestas en las que defiende la necesidad de un amplio consenso político en los aspectos más básicos del desarrollo urbanístico y territorial de las islas y reclama un marco normativo estable, con seguridad jurídica y con vocación de ser duradero.

En este sentido, la Administración debe cumplir una doble función. Por una parte, legislar para controlar y facilitar un urbanismo correcto y consecuente con las necesidades de los ciudadanos y, por otro, gestionar correctamente el desarrollo de esa legislación. El documento propone cambios integrales y sustanciales en la legislación y la revisión de los Instrumentos legislativos básicos con el objetivo de proveer de un bien necesario a la población.

Es preciso revisar conceptos urbanísticos que han quedado desfasados o bien su configuración tiene más de 20 años, debiendo actualizar criterios en temas tan relevantes como el índice de intensidad de uso, el análisis de las alturas en los centros urbanos consolidados y las posibilidades de cambio de uso de inmuebles. Es necesaria la puesta a disposición de la sociedad de los suelos municipales destinados a equipamientos en función de las necesidades reales de servicios a la sociedad y utilizar mediante colaboración público-privada la edificabilidad sobrante para hacer crecer el parque público de viviendas.

Urge reducir las trabas y pasos administrativos e implantar la Administración Digital. De esta forma, se podrán redirigir los esfuerzos de la administración y su personal hacia el servicio público, con el deber de facilitar, dentro de la ley, las demandas de las empresas y ciudadanos, para lo que precisan contar con un claro apoyo político y una dotación de medios acorde con las necesidades.

Se hace necesario estudiar la implantación del silencio positivo en materia urbanística, en aquellos casos donde se manifiesta mayor ineficiencia, bajo el paraguas de la declaración responsable como medio para lograr una mayor eficacia de la Administración, tal como ya se actúa en otras comunidades autónomas. De esta forma se evitaría que un simple final de obra municipal se demore más de 8 meses cuando toda la documentación requerida está en regla causando graves problemas, en especial al comprador. Las carencias de muchos ayuntamientos pueden solventarse mediante la implantación progresiva de las mancomunidades de servicios municipales en materia urbanística, unificando oficinas centralizadas correctamente dotadas de medios humanos y técnicos y normativas de entornos urbanos muy similares.

Retomar con intensidad los Planes de Vivienda, adaptados a la realidad social, como medio para logar un parque público de vivienda en alquiler permitiría -con un volumen suficiente- el control de los precios de alquileres. Estos planes deben contemplar especialmente el primer acceso a vivienda de jóvenes y colectivos necesitados de ayudas, pero requieren una apuesta clara desde los Presupuestos Autonómicos por la vivienda social.

Es preciso reestudiar la vivienda social, el volumen necesario, su coste y, sobre todo, su gestión. El camino no es solo adquirir o construir viviendas para los colectivos más necesitados, no se trata de perpetuar situaciones sociales difíciles. La correcta gestión integral de las ayudas, tanto en vivienda como en apoyos sociales debe reconducir a las familias necesitadas a la mejora integral de sus condiciones de vida.

La Administración tiene en su mano sensibilizar los criterios fiscales para moderar la fiscalidad a la vivienda digna y asequible, y aplicar la progresividad en función del tipo de vivienda y de cliente final. Asimismo, es necesario disponer de nuevos productos financieros que ayuden al acceso a la vivienda y apostar decididamente por el cambio de modelo y el fomento del alquiler a precios razonables y con la debida seguridad jurídica para las partes.

Es urgente un plan de inversión en infraestructuras, principalmente basado en el mantenimiento y adaptación de los sistemas de depuración de aguas y la reforma de los accesos a las ciudades, sobre todo en Palma e Ibiza. También lo es repensar de forma valiente y con visión de futuro la movilidad en las ciudades, apostando por la movilidad eco, por la ampliación valiente de las zonas peatonales y carriles bici y con un plan de aparcamientos disuasorios combinado con incremento de zonas ACIRE.

Transitar hacia la reconstrucción de las ciudades pasa por una mejor utilización del suelo urbano disponible mediante modificación de las herramientas urbanísticas precisas y una apuesta firme por la rehabilitación y la reconstrucción, fomentando el uso de nuevas tecnologías, limpias, eficientes e innovadoras tendiendo al cumplimiento de la Agenda 2030. La reurbanización y compactación de nuestros núcleos urbanos es la base de un desarrollo sostenible.

Es preciso, concluye la propuesta, un modelo claro y estable de desarrollo urbanístico, con amplio consenso político que lo dote de seguridad jurídica, una política de vivienda pensada a largo plazo y una planificación de los recursos administrativos necesarios para el desarrollo de esta política. Toda la sociedad debe implicarse, pero es necesario el impulso de la clase política para abrir los caminos hacia un modelo consensuado, sostenible y duradero que defina el futuro del desarrollo urbanístico en las islas.