El Sector de la Construcción se une y promueve un ‘Libro Blanco’ para consensuar el urbanismo del futuro para Balears

“Balears debe resolver el problema de la vivienda y las infraestructuras con responsabilidad y valentía porque nos acercamos a un conflicto social”

La propuesta parte del análisis riguroso y contempla soluciones bajo el prisma del Desarrollo Sostenible marcado por la ONU

Palma, 15 de mayo de 2019.- El vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Eduardo López, y el presidente de la Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de CAEB, Óscar Carreras, acompañados por los presidentes y representantes de las diferentes organizaciones empresariales de Balears que representan al Sector, han presentado la ‘Nueva propuesta para el desarrollo de una política integrada de urbanismo, vivienda e infraestructuras para Balears’.

El documento –accesible en http://www.libroblancoconstruccion.org– es fruto del consenso del Sector de la Construcción balear en su conjunto, representando a más de 16.500 empresas en Balears y a más del 10% de la fuerza laboral de las islas. El vicepresidente de CAEB ha destacado que “con este documento invitamos a los agentes sociales y a toda la sociedad balear a participar en el ‘Libro Blanco del Urbanismo y la Edificación en Balears’, que ha de servir de guía para definir los próximos 20 años de actuación pública y privada y resolver las necesidades de las islas y de su población en materia de vivienda, infraestructuras y urbanismo”.

El presidente de la Comisión de Construcción de CAEB ha destacado que “Balears debe resolver el problema de la vivienda y las infraestructuras con responsabilidad y valentía porque nos acercamos a un conflicto social”. Óscar Carreras ha explicado que “Balears se enfrenta ya a un escenario de enorme dificultad e importantes consecuencias sociales en el que el acceso a la vivienda para la población residente se hace cada día más complicado con unos precios inaccesibles, y al alza, tanto para la compra como para el alquiler. A la vez, las infraestructuras están desactualizadas y no dan abasto para el creciente número de residentes y visitantes”. “Mientras, las sucesivas administraciones han ido apostando por un enorme acúmulo legislativo, parches a corto plazo, que solo ha provocado una tremenda inseguridad jurídica y que prácticamente nada han aportado a la solución estructural de estos problemas”, ha añadido Carreras.

“Es preciso anteponer las nuevas necesidades de la población y un nuevo ecosistema de valores hacia entornos más limpios y descarbonizados”, ha señalado Carreras, que ha defendido que “esta propuesta parte desde el análisis riguroso y contempla soluciones bajo el prisma del Desarrollo Sostenible marcado por la ONU”. En concreto, hace alusión al objetivo 9, que persigue “construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” y, al objetivo 11, que busca “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

El texto presentado “surge de profesionales, empresarios del sector, miembros de asociaciones profesionales, técnicos, notarios, abogados, y en general, agentes activos de la sociedad con gran experiencia y muchas ganas de ayudar a mejorar nuestro entorno en el ámbito de la edificación y la vivienda, que iniciaron hace ya tiempo este trabajo, con el fin de poner a disposición de la sociedad su experiencia y conocimientos”, ha explicado Carreras.

En el acto de presentación han comparecido también los presidentes y representantes de las diferentes organizaciones empresariales de Balears que, integradas en CAEB, promueven el ‘Libro Blanco’ de la Construcción en Balears:

  • Asociación de Constructores de Balears.
  • Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears (PROINBA).
  • Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Balears (AFACO).
  • Federació Mallorquina de la Fusta i del Moble.
  • Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASINEM).
  • Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la Comunidad Autónoma de las Islas Balears (INFOCAL).
  • Asociación de Almacenistas de Materiales de Construcción de Balears.
  • Asociación de Suministradores de Agua de las Islas Balears (ASAIB).
  • Asociación de Fabricantes de Áridos de las Islas Balears (AFA BALEARS).
  • Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR).
  • Asociación Empresarial de Climatización, Frío Industrial y Calefacción de Menorca (ACLIFRICME).
  • Asociación de Industriales de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Balears (AITAME).
  • Asociación de Maestros Pintores de Balears (AMPB).
  • Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA).
  • Asociación Patronal de Yeseros Escayolistas de Balears (APYEB).
  • Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI).
  • Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Balears respalda asimismo el documento.

 

Causas y efectos

La situación que describe el texto presentado de forma consensuada por el Sector de la Construcción balear es la de un entorno legislativo de gran inseguridad jurídica, cambiante con cada nuevo gobierno o administración local, con una normativa urbanística obsoleta, en permanente revisión, y poco o nada adaptada a la realidad demográfica y social. Otra causa de la situación actual es la escasez, y alto precio, del suelo disponible, debidos a la insularidad y a la necesidad de conservación del territorio, y la cambiante y extremadamente compleja gestión del suelo por parte de la Administración. Balears sufre un continuo incremento de la población y para los siguientes 12 años se espera un incremento de 213.000 habitantes, mientras que, como efecto de la crisis inmobiliaria, arrastra en la actualidad un déficit acumulado de más de 16.000 viviendas.

Esta situación se produce a la par que se registra una disminución de las rentas disponibles, principalmente por parte de la clase media, ligada a una manifiesta ineficacia de los Planes de Vivienda Estatales y Autonómicos de VPO/HPP, lo que se sustancia en un mínimo parque de vivienda pública. Falla además la gestión por parte de la Administración de la vivienda social, donde un altísimo porcentaje de los inquilinos no paga los alquileres sociales e incluso algunas de las viviendas públicas están ocupadas ilegalmente.

El efecto de esta situación es que el acceso a la vivienda para la población residente se hace cada día más complicado, agravándose el problema con el paso del tiempo, y que el mercado de alquiler tampoco sirve para cubrir la demanda. A su vez, peligra la conservación del territorio y no debería usarse más suelo rústico para solucionar el problema de vivienda a precio asequible. Sin embargo, la realidad es que los precios y las condiciones se alejan de la capacidad de la población demandante con el agravante de que los últimos cambios legislativos no han ayudado a paliar esta situación. Por contra, la fiscalidad está obviado esta problemática social y las tasas e impuestos o permanecen como siempre o tienden a aumentar. El entorno financiero es muy duro para el promotor y convierte en extremadamente difícil el acceso a la vivienda al comprador final.

Pero el problema llega más allá. Las infraestructuras se están quedando obsoletas y la bajísima inversión en los últimos años hace peligrar el futuro estable de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la problemática del ciclo del agua -desaladoras, red de aguas, vertidos de fecales al mar- y las comunicaciones -carreteras colapsadas- han entrado en fase crítica.

Todo ello aporta inestabilidad a un sector que precisa mejorar la competitividad, el empleo y la profesionalidad. Un sector cuya aportación al PIB y al empleo es esencial para mantener el estado de bienestar en la comunidad.

 

Propuestas de acción

Para revertir esta situación el documento lanza una serie de propuestas en las que defiende la necesidad de un amplio consenso político en los aspectos más básicos del desarrollo urbanístico y territorial de las islas y reclama un marco normativo estable, con seguridad jurídica y con vocación de ser duradero.

En este sentido, la Administración debe cumplir una doble función. Por una parte, legislar para controlar y facilitar un urbanismo correcto y consecuente con las necesidades de los ciudadanos y, por otro, gestionar correctamente el desarrollo de esa legislación. El documento propone cambios integrales y sustanciales en la legislación y la revisión de los Instrumentos legislativos básicos con el objetivo de proveer de un bien necesario a la población.

Es preciso revisar conceptos urbanísticos que han quedado desfasados o bien su configuración tiene más de 20 años, debiendo actualizar criterios en temas tan relevantes como el índice de intensidad de uso, el análisis de las alturas en los centros urbanos consolidados y las posibilidades de cambio de uso de inmuebles. Es necesaria la puesta a disposición de la sociedad de los suelos municipales destinados a equipamientos en función de las necesidades reales de servicios a la sociedad y utilizar mediante colaboración público-privada la edificabilidad sobrante para hacer crecer el parque público de viviendas.

Urge reducir las trabas y pasos administrativos e implantar la Administración Digital. De esta forma, se podrán redirigir los esfuerzos de la administración y su personal hacia el servicio público, con el deber de facilitar, dentro de la ley, las demandas de las empresas y ciudadanos, para lo que precisan contar con un claro apoyo político y una dotación de medios acorde con las necesidades.

Se hace necesario estudiar la implantación del silencio positivo en materia urbanística, en aquellos casos donde se manifiesta mayor ineficiencia, bajo el paraguas de la declaración responsable como medio para lograr una mayor eficacia de la Administración, tal como ya se actúa en otras comunidades autónomas. De esta forma se evitaría que un simple final de obra municipal se demore más de 8 meses cuando toda la documentación requerida está en regla causando graves problemas, en especial al comprador. Las carencias de muchos ayuntamientos pueden solventarse mediante la implantación progresiva de las mancomunidades de servicios municipales en materia urbanística, unificando oficinas centralizadas correctamente dotadas de medios humanos y técnicos y normativas de entornos urbanos muy similares.

Retomar con intensidad los Planes de Vivienda, adaptados a la realidad social, como medio para logar un parque público de vivienda en alquiler permitiría -con un volumen suficiente- el control de los precios de alquileres. Estos planes deben contemplar especialmente el primer acceso a vivienda de jóvenes y colectivos necesitados de ayudas, pero requieren una apuesta clara desde los Presupuestos Autonómicos por la vivienda social.

Es preciso reestudiar la vivienda social, el volumen necesario, su coste y, sobre todo, su gestión. El camino no es solo adquirir o construir viviendas para los colectivos más necesitados, no se trata de perpetuar situaciones sociales difíciles. La correcta gestión integral de las ayudas, tanto en vivienda como en apoyos sociales debe reconducir a las familias necesitadas a la mejora integral de sus condiciones de vida.

La Administración tiene en su mano sensibilizar los criterios fiscales para moderar la fiscalidad a la vivienda digna y asequible, y aplicar la progresividad en función del tipo de vivienda y de cliente final. Asimismo, es necesario disponer de nuevos productos financieros que ayuden al acceso a la vivienda y apostar decididamente por el cambio de modelo y el fomento del alquiler a precios razonables y con la debida seguridad jurídica para las partes.

Es urgente un plan de inversión en infraestructuras, principalmente basado en el mantenimiento y adaptación de los sistemas de depuración de aguas y la reforma de los accesos a las ciudades, sobre todo en Palma e Ibiza. También lo es repensar de forma valiente y con visión de futuro la movilidad en las ciudades, apostando por la movilidad eco, por la ampliación valiente de las zonas peatonales y carriles bici y con un plan de aparcamientos disuasorios combinado con incremento de zonas ACIRE.

Transitar hacia la reconstrucción de las ciudades pasa por una mejor utilización del suelo urbano disponible mediante modificación de las herramientas urbanísticas precisas y una apuesta firme por la rehabilitación y la reconstrucción, fomentando el uso de nuevas tecnologías, limpias, eficientes e innovadoras tendiendo al cumplimiento de la Agenda 2030. La reurbanización y compactación de nuestros núcleos urbanos es la base de un desarrollo sostenible.

Es preciso, concluye la propuesta, un modelo claro y estable de desarrollo urbanístico, con amplio consenso político que lo dote de seguridad jurídica, una política de vivienda pensada a largo plazo y una planificación de los recursos administrativos necesarios para el desarrollo de esta política. Toda la sociedad debe implicarse, pero es necesario el impulso de la clase política para abrir los caminos hacia un modelo consensuado, sostenible y duradero que defina el futuro del desarrollo urbanístico en las islas.

 

“La recuperación de la construcción posibilita nuevos fundamentos productivos para el sector”

El monográfico “Construcción: Visión Global, Impacto Local” analiza la situación actual del sector y define tendencias de futuro del entorno productivo de la construcción en Balears

Considera “estratégica” la apuesta por el talento y la tecnología y llama a corregir la inseguridad jurídica que generan el complejo marco regulatorio y los retrasos en la tramitación de licencias

 

Puede consultar aquí el Monográfico Sectorial “Construcción: Visión Global, Impacto Local” 

Palma, 12 de diciembre de 2018.- La sede de la Asociación de Constructores de Baleares ha sido el escenario de la presentación este miércoles del Informe Monográfico Sectorial “Construcción: Visión Global, Impacto Local”, promovido por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) y la Asociación de Constructores de Baleares y realizado por la Fundació Impulsa Balears. El acto de presentación ha contado con las intervenciones del presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, Eduardo López y de la presidenta de CAEB, Carmen Planas, y la presentación del informe por parte del director técnico de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera.

El informe está orientado al análisis de la situación actual y tendencias de futuro del entorno productivo del sector de la construcción en Balears, a través de los que el tejido empresarial realiza una contribución relevante a la economía del archipiélago.

En su presentación, Antoni Riera ha destacado que “el monográfico constata que la construcción está recuperando progresivamente el ritmo de actividad beneficiada por las favorables condiciones del entorno económico y que este proceso se produce en un contexto marcado por los cambios tecnológicos, normativos y de demanda del sector en el que las nuevas tendencias en la construcción giran en torno al uso de recursos y procesos más eficientes y una mayor orientación hacia la demanda”.

Riera ha señalado que el sector de la construcción está reforzando de manera gradual su contribución a la economía balear, tanto a la generación de valor (6,2% del PIB) como al empleo (10,1%), tras el intenso ajuste encajado durante el periodo recesivo (-53,4% del empleo) y observa en el tejido regional una presencia relativa superior a la del entorno competitivo del archipiélago (5,8% del PIB español y 5,4% del PIB europeo).

El informe refleja que esta mejora del nivel de actividad posibilita que las empresas de la construcción estén adquiriendo estructuras de tamaño superior (+1,5 pp de empresas pequeñas, +0,2 pp de empresas grandes) y alcancen un mayor grado de supervivencia como lo demuestra que la tasa de natalidad (11,3%) esté superando la de mortalidad (7,7%).

Riera ha destacado que “la formación del capital humano y la integración de las nuevas tecnologías mantienen un elevado potencial para mejorar la eficiencia del sector” y que “las oportunidades para la mejora de la formación del capital humano se concentran, mayormente, en torno a los puestos de trabajo de categoría media”.

Por otra parte, ha explicado que “la integración de las nuevas tecnologías en los procesos empresariales presenta aún un amplio margen de progreso, sobre todo en el ámbito de mejoras en la eficiencia y en el aprovechamiento de los recursos disponibles, aspectos clave en la estrategia y rentabilidad empresarial del sector”.

Por ramas de la actividad, el informe señala que el mayor dinamismo del sector se concentra en torno a las actividades de edificación de naturaleza tanto residencial como no residencial. Cabe destacar que la obra residencial se reactiva impulsada por el aumento de la demanda de viviendas por parte de la población tanto local como extranjera.

La actividad de obra no residencial se está beneficiando de la importante inversión en proyectos de naturaleza turística, mientras que la promoción inmobiliaria mantiene un tono más contenido que el resto del sector a la espera de que finalice el ajuste entre la demanda y la oferta del mercado residencial. Por último, las obras de ingeniería civil se desmarcan del dinamismo del sector en un contexto de mayor moderación de la iniciativa pública.

Apuesta de futuro

Respecto a las tendencias de futuro, el informe matiza que el proceso de recapitalización que está acompañando la progresiva recuperación de la actividad de la construcción constituye para el tejido empresarial del sector una oportunidad propicia para transformar sus fundamentos productivos y alcanzar, así, un mayor grado de resiliencia frente a futuros episodios recesivos de la economía, en general, y del mercado inmobiliario, en particular.

Se trata, señala el director técnico de Impulsa, “de transitar desde los métodos clásicos de edificación e ingeniería hacia un horizonte donde las construcciones constituyan elementos de mayor valor”. Como claves para este tránsito, Riera ha destacado “una nueva concepción del proceso constructivo en la que todos los agentes implicados trabajarán más coordinados y de manera más colaborativa”, “la mejora de la productividad, basada, fundamentalmente, en el uso de las nuevas tecnologías aplicado al diseño de los proyectos de obra, la coordinación de los procesos y el control permanente de los resultados” y “una mayor especialización de la oferta inmobiliaria, especialmente residencial, centrada en proveer viviendas que se adecúen a las nuevas necesidades tanto económicas como sociales”.

Para conseguirlo, el informe considera como “estratégica” la apuesta por el talento, “con el objetivo de adecuarlo a la elevada demanda de competencias de nivel medio que se observa en el sector”, y la integración tecnológica “de equipos más modernos con capacidad para diseñar proyectos de obra con mayor detalle y exactitud, coordinar y acelerar los procesos y trabajar con materiales más versátiles y sostenibles”. En este sentido, Riera ha destacado que “la mejora de la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos disponibles, son aspectos clave en la estrategia y rentabilidad empresarial del sector”.

Por otra parte, el estudio señala que es preciso corregir por una parte, la inseguridad jurídica que deriva de la creciente complejidad del ordenamiento jurídico y que explica que la indeterminación o incertidumbre que de ello se deriva se situé entre las preocupaciones más destacadas de los operadores jurídicos y económicos y, por la otra, minimizando los tiempos de demora –especialmente por lo que refiere a la tramitación de licencias– dados los costes que produce sobre la planificación de nuevos proyectos de obra, más aún cuando la tramitación de los planes de urbanismo de los que depende el sector se extiende más allá de ocho años.

Comunicado conjunto del Sector de la Construcción de Balears

Palma, 20 de junio 2016.- Sobre la posibilidad de construir en suelo urbano sin alcantarillado

El próximo 23 de junio finaliza el efecto de la prórroga establecida por el Decreto Ley 4/2013 de 21 de junio y a partir de ese día ya no se podrá construir en suelo urbano sin alcantarillado afectando este hecho a más de 100 urbanizaciones en Balears, unas 48 en Mallorca, 23 en Menorca y 41 en Ibiza y Formentera, además de unos 10.000 solares particulares, según ha identificado la prensa.

Con esta prórroga se daba plazo para encontrar una solución definitiva a un problema histórico, de competencia municipal, permitiendo la realización de obras siempre que se asegurase mediante aval o, en otros casos, declaración jurada o compromiso ante el Ayuntamiento que una vez terminada la instalación de alcantarillado en la zona de la vivienda, el propietario asumiría los gastos necesarios de acometida y conexión.

La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo recoge en su Disposición Transitoria 4ª una transposición de la regulación del anterior Decreto Ley sin modificar el vencimiento de la prórroga que finaliza en junio de 2016, a la espera de que entre 2014 y 2016 se hubiera trabajado en una solución definitiva al tema que, a pocos días de finalizar el plazo, no ha llegado a concretarse.

Desde principios de este año se viene reclamando al Govern que prorrogue el efecto del mencionado Decreto Ley 4/2013 cuyo objetivo no fue otro que buscar una salida en tiempos de crisis al problema, esperando que los Ayuntamientos mejoraran su situación y acometieran como les corresponde las obras de dotación de servicios.

La falta de solución alguna conlleva que a partir del día 23 de junio no puedan pedirse nuevas licencias. El efecto de esta situación puede cortar de raíz la creación de empleo en el conjunto del sector de la construcción que, por otra parte, ya viene advirtiendo que las primeras cifras de 2016 reflejan una caída de la inversión en proyectos turísticos, comerciales, industriales y de obra pública, en parte debida a las decisiones políticas que podrían frustrar las previsiones de creación de empleo.

En el caso de las inversiones turísticas, la caída de la inversión coincide con la aprobación de los decretos 1/2016 y 2/2016 del Govern, que limitan las reformas de establecimientos en las zonas maduras y han generado incertidumbre entre los inversores. Respecto a la inversión comercial, se ve afectada por la reciente aprobación de una moratoria de grandes superficies que es determinante a la hora de frenar la inversión y la creación de empleo. En lo que se refiere a inversión pública, la situación se agrava si se tiene en cuenta que se está alargando el plazo de pago a proveedores y, finalmente, tampoco se ha favorecido la entrada de suelo en el mercado para construir viviendas a precios razonables.

Todo ello, sumado, puede paralizar el sector de la construcción que, según los últimos datos oficiales y después de sufrir la mayor crisis de la historia, ha incrementado el número de trabajadores ocupados un 7% respecto al mes de mayo de 2015 y hoy da sustento a 44.586 personas que representan el 9,2% del total de la afiliación a la Seguridad Social en Balears.

Desde 2014 el sector ha creado más de 8.000 puestos de trabajo, ofreciendo empleo estable y un salario más elevado que la media de mercado. En el último año la contratación indefinida ha aumentado un 41% y desde hace dos se ha reducido en un 35,4% el número de parados en la construcción, un 18,3% menos en el último año, por encima del sector industrial (-15,8%) y el de servicios (-14,2%).

Esta senda de recuperación podría truncarse y regresar la inactividad, la destrucción de empresas y el paro a un sector compuesto por fontaneros, carpinteros, electricistas, vidrieros, yeseros, albañiles, marmolistas, pintores, escayolistas, herreros, instaladores de gas, de aire acondicionado o calefacción…, constituidos, en su inmensa mayoría, como pequeñas empresas y autónomos.

 

Firmado por:

Eduardo López, presidente de la Asociación de Constructores de Baleares; Luis Martín, presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA); Mateo Oliver, presidente de la Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Baleares (AFACO); Pedro J. Payeras, presidente de la Federació Mallorquina de la Fusta i del Moble; Jaime Fornés, presidente de la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASINEM); Andreu J. Arbona, presidente de la Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (INFOCAL); Benjamín Amengual, presidente de la Asociación de Almacenistas de Materiales de Construcción de Baleares; Fernando Dameto, presidente de la Asociación de Suministradores de Agua de las Islas Baleares (ASAIB); Bartolomé Binimelis, presidente de la Asociación de Fabricantes de Áridos de las Islas Baleares (AFA BALEARES); Jorge Mut, presidente de la Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR); Ferrán Sintes, presidente de la Asociación Empresarial de Climatización, Frío Industrial y Calefacción de Menorca (ACLIFRICME); Antonio J. Ramón, representante de la Asociación de Industriales de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Baleares (AITAME); Miguel Arbona, presidente de la Asociación de Maestros Pintores de Baleares (AMPB); José Manuel Hidalgo, presidente de la Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA) y Antonia Capó, representante de la Asociación Patronal de Yeseros Escayolistas de Baleares (APYEB).