Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB)

CAEB ha elaborado recientemente un estudio sobre la presión fiscal sobre las empresas por tributos locales en Baleares. Entre las cuestiones estudiadas se incluyen los tributos ambientales (agua, alcantarillado, gestión de residuos, etc.). A continuación se traslada la entrevista sobre este estudio realizada a Josep Sintes, responsable del área de Economía de CAEB.

¿A qué principales conclusiones se han llegado tras analizar los tributos ambientales en Baleares?

Son varias las conclusiones. La primera, que existe una gran divergencia entre los municipios de Baleares en la aplicación los tipos impositivos y tasas. El grado de presión fiscal tiene relación con el tamaño de la ciudad. Otra conclusión es que los municipios de zonas costeras aplican un grado de presión mayor que los de las zonas interiores. Otra idea que se desprende del estudio es que Palma, excepto en el Impuesto de bienes Inmuebles, es el municipio con mayores tipos impositivos en los impuestos y donde las tasas por servicios públicos son las más altas de Baleares.

Por otro lado, la recaudación tributaria  entre el periodo 1997-2009 se ha incrementado en términos reales (descontando la inflación) y ajustada por el incremento de población, casi el doble. Salvo raras excepciones, todos los municipios de Baleares tienden sistemáticamente a incrementar los tipos y a aumentar los precios de los servicios municipales, incluyendo un bien de primera necesidad como el agua.

¿Qué recomendaciones pueden hacerse en referencia a los tributos ambientales en Baleares?

Para comparar el coste y su evolución en cuanto a los distintos servicios municipales se aplicaron las tarifas de estos servicios en varios municipios insulares a un hotel estándar e igual para todos. En este estudio se constata  que el coste medio de  agua por tonelada consumida aplicada en el municipio de Palma se ha incrementado un 55% en el periodo de 2000-2009: un 14,8% de incremento en las tarifas de consumo y un 146% en la cuota de servicio.

Bajo un prisma medioambiental, con el fin de racionalizar la utilización de los recursos naturales, se debería fomentar un consumo moderado entre las persona y las empresas y, en cambio, penalizar a los que hagan un uso abusivo de de este recurso esencial para la sociedad. La manera en que las tarifas de agua están fijadas en el ayuntamiento de Palma conduce a una situación completamente inversa a la deseable.  Este es un tema que debería considerarse y, en su caso, reconducirse.

Hay que destacar que no se ha estudiado en profundad el sistema de tarificación de los residuos sólidos de las Baleares pero, con el fin de optimizar la generación de estos residuos, se debería utilizar el criterio de quién más residuos genera, más paga. Incentivar el ahorro de residuos sólidos va en beneficio del respeto al medio ambiente y favorece un crecimiento de urbano y económico sostenible.

¿En qué situación se encuentra Baleares respecto a otras comunidades autónomas?

Esta pregunta esperamos poder responderla en los próximos meses. Estamos diseñando un estudio similar al que hemos elaborado por las Islas, pero extensivo en toda España con el fin de poder compararnos con el resto de comunidades y municipios españoles.

¿Se observan diferencias importantes entre los diferentes municipios de Baleares?

Como he anticipado anteriormente la respuesta es sí, y muy considerablemente. En el caso del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, el tipo máximo es el 4% del valor de la construcción, el mínimo el 2% y el tipo medio cercano al 3%.  Las diferencias son aún más extremas en el caso del precios de los servicios municipales, donde el municipio con mayores tarifas pueden ser 6 veces, 600%, mayores que el que aplica las menores.

En referencia a las partes fijas, variables y cánones, ¿qué efecto tienen sobre los costes de las empresas en los diferentes periodos, especialmente en el sector turístico?

Hay municipios que, a mi modo de entender, aplican un sistema de tarificación que incentiva al consumidor a racionalizar la utilización del recurso agua. Tal es el caso de LLucmajor, en el que la proporción de la tarifa correspondiente a la parte variable es muy superior a la de la cuota fija. De esta manera se incentiva al consumidor a racionalizar la utilización de un recurso como el agua. Por el contrario hay ayuntamientos, como el de Palma, en los que la mayor parte de la tarifa corresponde a la parte fija, por lo que las actuaciones de las empresas que minimizan el consumo tienen escasa repercusión sobre los costes finales.

¿Cómo gestionan las administraciones locales, insulares y autonómicas la recaudación?

La crisis actual no sólo afecta los bolsillos de los ciudadanos y las empresas sino también a los ingresos de las instituciones públicas entre las que figuran los municipios. La mayoría de ellos, en la fase expansiva del ciclo económico, ajustaron sus estructuras de gasto a la estructura de ingresos del momento que, por cierto, están  muy ligados a la emisión de nuevas licencias urbanísticas relacionadas, por su parte, con fuertes componentes cíclicos. Hubo incluso municipios que, durante esta fase de expansión económica, tenían estructuras de gasto público municipal muy por encima de su recaudación.

En la fase recesiva actual, los ingresos municipales se han visto reducidos considerablemente, generando importantes déficit presupuestarios municipales. Dado que los municipios, como en las CC.AA, tienen limitado su acceso a la financiación externa de las necesidades generadas por los déficit, se encuentran con que su única forma de recaudar es incrementando las tarifas de los suministros que ofrecen. Esta práctica distorsiona claramente la aplicación de políticas medioambientales óptimas. Creo que es exactamente esto lo que ocurre con las tarifas del suministro de agua en Palma.

¿Qué tipo de tributos serían los más adecuados para fomentar y/o reconocer la implantación de buenas prácticas en la gestión ambiental de las empresas?

Aquellos que fomenten en los ciudadanos y las empresas un consumo razonable de los recursos naturales que utilizan gravando especialmente y, en ciertos casos, progresivamente, su consumo y no su suministro (la parte fija). En el caso de los residuos sólidos, una solución óptima para compensar el coste de reciclarlos es el de aplicar tarifas proporcionales a su generación: "que más pague quien más residuos sólidos genera"