La extensión del uso a nivel industrial de combustibles fósiles en Occidente -iniciada en el siglo XIX y cuyo apogeo se está alcanzando en la actualidad-, ha permitido que en apenas dos centurias se haya vivido un proceso de desarrollo económico sin precedentes y el establecimiento del modelo de sociedad del bienestar del cual disfrutamos plenamente en la actualidad. Año tras año se está produciendo un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, como consecuencia del continuado consumo de este tipo de combustibles; a este problema hay que añadirle el asombroso incremento del consumo por parte de países emergentes como China, la India y Brasil.
A los problemas ambientales derivados del elevado consumo de energía fósil, hay que sumarles ahora la difícil coyuntura económica internacional y particularmente europea. En este sentido, uno de los factores determinantes de la crisis económica -y que ocasionó las primeras grandes alzas inflacionistas previas en 2008- fue y sigue siendo el incremento del coste de los productos energéticos. Tal aumento de costes está desembocando en una disminución de la competitividad europea frente a otros mercados como los asiáticos.
¿Qué es el Protocolo de Kioto y que representa en la actualidad? El Protocolo de Kioto, aprobado en 1997, supone un punto de inflexión de las políticas energéticas llevadas a cabo por los países desarrollados hasta ese momento, ya que en él se realiza una vinculación jurídica de los compromisos adquiridos a lo largo de todos estos años. El protocolo simplemente expone una serie de normas básicas, cuyos objetivos van encaminados a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y que implica unas inversiones económicas cuantiosas para los países industrializados que ratifiquen dicho documento. Su entrada en vigor, exigía la condición de que al menos 55 de los participantes en el convenio lo ratificasen y éstos debían incluir a los países industrializados cuya suma representase el 55% de las emisiones de dióxido de carbono. Finalmente tras la ratificación de Rusia en noviembre de 2004, el protocolo entró en vigor en Febrero de 2005.
El gobierno de Estados Unidos firmó el acuerdo pero no fue ratificado por Bill Clinton ni George W. Bush, por lo que su adhesión fue simbólica hasta el año 2001. Ese mismo año el gobierno de Bush retiró su compromiso con respecto al mismo, no porque no compartiese su idea de reducir las emisiones, sino porque consideraba que la aplicación del protocolo era ineficiente e injusta al involucrar sólo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los mayores emisores de gases como China y la India. Pero ¿por qué en el Protocolo de Kioto, China no está obligada a cumplir las mismas restricciones que Estados Unidos? La realidad es que China ratificó el Protocolo de Kioto, pero las cuotas de participación que se le asignaron correspondían a un país subdesarrollado. Según el documento son los países industrializados los que deben dar ejemplo realizando sacrificios económicos impulsando nuevas políticas energéticas permitiendo a los países en vías de desarrollo adaptarse al nuevo modelo energético. Por tanto, China, a pesar de ser unos de los países con mayor índice de exportación comercial, es considerado un país en vías de desarrollo y, en consecuencia, sus restricciones en este sentido son mucho menores. Estados Unidos no aceptó el protocolo puesto que su ratificación hubiese implicado un perjuicio económico y por tanto, una pérdida de competitividad, ya que China habría jugado con una gran ventaja (que es precisamente con la que juega en la actualidad), ya que las empresas que en ella se ubiquen no tienen que hacer frente a las restricciones medioambientales presentes en Europa o Estados Unidos, favoreciendo así su desarrollo industrial y económico. De hecho, el milagro chino se debe fundamentalmente a que la industria estadounidense, junto con la europea se trasladó a China y la India, para evitar penalizaciones y reducir costes de mano de obra.
Entonces ¿por qué la Unión Europea ratificó el Protocolo con el coste económico que ello conlleva? La Unión Europa (UE) ratificó el Protocolo no solo por motivos medioambientales sino también por motivos de competitividad. La UE posee yacimientos de carbón pero no dispone de yacimientos de petróleo ni de gas natural y todo ello se traduce en una dependencia energética exterior que pone en grave peligro la economía y, por tanto, el bienestar de la población. Por este motivo, mientras que China dispone principalmente yacimientos de carbón y Estados Unidos de petróleo, la Unión Europa únicamente dispone de las energías renovables como fuente de energía autóctona, para garantizar el suministro energético, independizarse de los mercados energéticos exteriores y así volver a la senda de crecimiento económico sin que suponga un sobrecoste medioambiental.
¿Cuál es la consecuencia de dicha dependencia energética europea? En esta última década estamos padeciendo unos incrementos espectaculares de los precios de los productos derivados del petróleo, como son la gasolina y el gasóleo sin que las políticas energéticas europeas llevadas a cabo hasta ahora, puedan ni tan solo amortiguarlo. Dos son las causas que han provocado dicho incremento, la primera son los conflictos militares presentes en Oriente próximo que provocan una disminución de la producción y por otro lado, siendo este ultimo el principal, el incremento de la demanda de los productos derivados del petróleo por parte de los países emergentes asiáticos principalmente de China y la India, que reducen por tanto la oferta de petróleo disponible en el mercado.
¿Y por qué no se aumenta la extracción de petróleo si aumenta su demanda a nivel mundial? Los estudios indican que disponemos de petróleo para los próximos 50 años y además, actualmente se están descubriendo nuevos pozos petrolíferos, como los encontrados enfrente de las costas de Brasil. Pero el problema reside en que su extracción está limitada debido a dos motivos: el primero es que la mayor parte de los pozos de petróleo llevan décadas explotándose y, en consecuencia, resulta imposible aumentar el caudal de extracción, es decir, únicamente se pueden extraer un número máximo de barriles diarios y no más. El otro problema es de tipo técnico ya que se podría aumentar la producción utilizando los yacimientos descubiertos recientemente, pero debido a la complejidad del proceso, no es posible su explotación comercial, puesto que desde que se descubre un yacimiento hasta que se puede llevar a cabo su explotación, transcurren como mínimo 10 años. Por todas estas razones el coste del barril de petróleo no cesará de aumentar mientras no disminuya su demanda, cosa poco probable puesto que todos los países en vías de desarrollo requerirán de él. Por tanto, la única solución Europea, a este problema, es la de independizarse del petróleo en el sector industrial y también en el de los transportes, impulsando el uso de energías renovables y de biocombustibles.
En cuanto a las políticas energéticas españolas y, en particular, las energías renovables vienen marcadas en estos diez últimos años por grandes éxitos (la producción eléctrica bruta mediante energías renovables en España ha alcanzado una cuota de participación del 25%) y grandes fracasos (el uso de biocombustibles o la eficiencia energética no han alcanzado la cuota de participación esperada). El último Plan Nacional de Energías Renovables de España (PANER 2011-2020) fija fundamentalmente dos objetivos: que las energías renovables representen el 20% del consumo final bruto de energía en 2020 y que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los medios de transporte sea como mínimo equivalente al 10%. Junto a las medidas establecidas en el PANER se establecen las medidas de eficiencia y ahorro energético que permitirán reducir la intensidad energética consumida. La combinación de ambos planes permitirá reducir considerablemente la dependencia energética nacional con el exterior.
Mucho se ha demonizado a las energías renovables como causantes del incremento de la factura eléctrica debido al cobro de primas por Kw generado, pero realmente la causa de este incremento no está tan clara y desde luego ésta no es la única razón. Según el RD 661/2007 los productores eléctricos que se encuentren en el denominado Régimen Especial, tendrán derecho al cobro de primas por Kw generado, pero en dicho Régimen Especial no solo se encuentran las energías renovables sino también las centrales de cogeneración y las centrales eléctricas que se nutren de residuos urbanos.
La causa del incremento del coste de la energía eléctrica no es debida a una sola causa, la primas a los productores de energía eléctrica en Régimen Especial sería una de ellas, pero también deberíamos tener en cuenta otros factores no menos importantes como son el incremento del coste de la energía primaria para generar electricidad junto a la falta de inversión en infraestructuras para la mejora de la eficiencia en la producción de energía eléctrica convencional, la especulación por parte de los distribuidores eléctricos en el "libre mercado eléctrico" y la falta de control por parte de la administración de los procedimientos llevados a cabo han traído como consecuencia que se dispare la factura de la luz.
Por todas estas razones, la Unión Europa requiere de políticas energéticas activas encaminadas al desarrollo de las energías renovables aunque éstas supongan un sobrecoste o desde otra perspectiva una inversión, sin evidentemente menospreciar al resto de energías convencionales, para alcanzar la independencia energética y por tanto económica, mejorando nuestra competitividad a nivel mundial.
JAUME SALAS ROSSELLÓ
